A finales de marzo de 2018 la Policía Nacional española detuvo en Barcelona a J. B. y O. C. por su presunta participación en una red de comercialización de antigüedades procedentes de Libia que servía para financiar al DAESH. Se trata de la primera operación policial en la que se demuestra la financiación directa del grupo terrorista mediante el expolio de piezas arqueológicas, a pesar de que existían fundadas sospechas para creer que se trataba de una fuente de ingresos habitual desde el comienzo de su actividad, a medida que iban controlando nuevos territorios.
Las imágenes de la destrucción de tesoros irremplazables para la cultura en ciudades declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO como Palmira, Hatra, Nínive, Nimrod o Tombuctú dieron la vuelta al mundo. Desde 2015 varios medios de comunicación mencionaban el tráfico ilícito de objetos arqueológicos entre las primeras formas de financiación del grupo yihadista, aunque no había podido demostrarse de manera fehaciente.
La mayor presencia de bienes culturales procedentes de los territorios ocupados en el mercado legal de antigüedades era discreta. Muchas veces se trataba de pequeñas piezas que llamaban menos la atención, aunque la principal dificultad era el comercio de objetos procedentes de yacimientos sin excavar, de modo que los bienes estaban sin inventariar, sin identificar y sin certificar su procedencia legítima a la hora de introducirlos en el comercio internacional. Como informaba la ONU, a mediados de 2016 había 4.500 recintos arqueológicos bajo el control del DAESH, de los cuales nueve había sido declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. En aquel momento se estimaba que unos 100.000 objetos culturales estaban a su disposición, y que el grupo obtenía entre 150 y 200 millones de dólares anuales de su comercialización.
Una de las principales características del comercio ilícito de bienes culturales es que se trata de un tipo de actividad que requiere dar el salto al mercado regulado para obtener los máximos beneficios. A diferencia del contrabando de otra clase de elementos, como drogas, armas, animales, seres humanos… que se mueven siempre en la clandestinidad, con los bienes culturales los precios más altos se logran mediante pujas abiertas para conseguir el mejor postor.
Por este motivo, las tramas criminales que trafican con bienes culturales tienen como principal objetivo limpiar el origen ilícito de los objetos colocando al final de la cadena a marchantes reconocidos cuya reputación se estima consolidada, capaces de vender las piezas a buenos precios. En muchas ocasiones el problema reside en poder demostrar la conexión causal entre la extracción de las piezas en origen y su introducción en el mercado regulado.
El presente caso desvelado en España es de vital importancia porque por ha permitido demostrar de forma directa la conexión entre el tráfico de bienes culturales y la financiación del grupo terrorista.
Este artículo condensa un trabajo de investigación en el que se analiza en profundidad este caso, además de la cuestión sobre la financiación de DAESH con el tráfico de antigüedades, el estado de la cuestión a nivel mundial, y el uso intencional por las tramas criminales de la legislación implicada.
*Este artículo se ha actualizado el 20/06/2018.
 Autor: Marta Suárez-Mansilla
Abogada especializada en derecho cultural. Con amplia experiencia en el sector del arte contemporáneo y en la gestión de proyectos, mi trabajo se centra ahora en el tratamiento de las cuestiones jurídicas que rodean este campo de actividad. |
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